Lo más duro está por venir

La aprobación del "fast-track" en Estados Unidos no significa que los ciudadanos corrientes crean en los beneficios del libre comercio.

Debería haber sido fácil. Con la economía norteamericana progresando en medio de una prosperidad sin precedentes y con la mayoría de los países latinoamericanos pasando de un éxito al siguiente, lograr que el Congreso de Estados Unidos aprobara el otorgamiento al entonces presidente Bill Clinton de facultades de negociación rápida (fast-track) en materia de comercio exterior no parecía un gran reto.

Pero, de hecho, el proceso de aprobación se dilató por ocho años. La Cumbre de las Américas llevada a cabo en Miami en 1994 concluyó con la promesa de crear un NAFTA a nivel hemisférico: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), integrada por 34 países. Desde entonces, para los defensores del libre comercio, el fast-track es un requisito esencial para poder cerrar acuerdos comerciales, debido a que evita que los miembros del Congreso tengan ingerencia en los detalles de los mismos. Y las negociaciones de comercio exterior tratan justamente de eso: de detalles acerca de todo tipo de mercancías, desde importaciones de concentrado de jugo de naranja a Estados Unidos, hasta inversiones norteamericanas en empresas telefónicas extranjeras.

Sin embargo, fue tan sólo hace un mes que el Congreso le dio luz verde a la que fue bautizada eufemísticamente como Trade Promotion Authority (TPA), una ley que limita el poder del Congreso a la expresión de un simple "sí" o "no" respecto a cada uno de los acuerdos propuestos.

Podría argumentarse que la aprobación del Congreso -cuando finalmente llegó- mostró la fuerza del apoyo político que tiene la idea de extender el libre mercado a toda América Latina. Después de todo, los buenos tiempos se han acabado. Quienes abogaron por el fast-track tuvieron que seguir adelante a pesar de la incertidumbre, el miedo y la cólera que se han ido diseminando por todo el país contra la clase empresarial. El sentimiento anti-empresarial está en aumento. Los candidatos al Congreso en las elecciones de este año están tratando de explotar la furia popular generada por la ola de escándalos empresariales y ello ha generado un clima poco propicio para que los políticos salgan a venderles a sus electores medidas que se supone favorecen a los empresarios. "Parte de nuestra estrategia consiste en concentrarnos en las corporaciones, en cómo han utilizado el NAFTA para su propio beneficio y no para el beneficio de los trabajadores", dice Elizabeth Drake, analista en jefe de política comercial de la AFL-CIO (la mayor organización sindical de Estados Unidos) que lideró el combate perdedor contra el fast-track y quien se encuentra preparando la oposición a la propuesta de una zona hemisférica de libre comercio.

Los tratados comerciales resultan tan vulnerables a los ataques por parte del electorado que puede verse afectado por la competencia extranjera, que el librecambista George W. Bush preparó el escenario para la votación del TPA aumentando los subsidios agrícolas y colocando fuertes aranceles a la importación de acero. Actuó para evitar retaliaciones políticas de esos dos enormes sectores de la economía norteamericana.

Entretanto, al sur de México, el cuadro se ha vuelto aún más amenazador, con Argentina en franca caída hacia el abismo, Brasil necesitado del apoyo de un préstamo por 30.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para calmar a los inversionistas extranjeros y a los propios hombres de negocios brasileños y Venezuela atrapada en una de las más profundas crisis político-económicas de su historia. Todo el mundo se da cuenta de que la fórmula del "Consenso de Washington" no ha sido buena para la mayoría de los ciudadanos de la mayoría de los países latinoamericanos.

Los defensores del libre comercio argumentan que no fue la expansión comercial la que le creó en la región esta nueva oleada de problemas económicos. Culpan a la incapacidad de los gobiernos por mejorar los sistemas legales y de regulación. Pero debido a la demora en la aprobación del fast-track, el debate sobre la Zona de Libre Comercio de las Américas comenzará en forma justo en el momento en que los planes económicos que llevan el sello made in USA están a la baja en el mercado de la opinión pública. "Es difícil no sentirse un poco deprimido", dice Sidney Weintraub, un ex funcionario del Departamento de Estado, quien encabeza actualmente el programa para las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, uno de los institutos de investigación más influyentes de Washington. Aunque tratando de añadir una nota de optimismo, dice: "Démosnos un plazo de dos a tres años, y las cosas probablemente lucirán distintas".

Con todo, a pesar del entorno pesimista, el TPA fue aprobado, aunque por una estrecha mayoría. Luego de un lobby masivo por parte del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, y por intereses empresariales, la Cámara de Representantes aprobó la ley por un diminuto margen: 215 votos a favor y 212 en contra. En el Senado, que tradicionalmente es más abierto al comercio, la votación fue de 64 a favor y 34 en contra.

Del dicho al hecho…

Por todo lo anterior, vale la pena preguntarse cuáles son las posibilidades reales de aprobación de los acuerdos de comercio específicos que se presenten en el futuro, si la aprobación de la ley general requirió tanto tiempo y esfuerzo. La administración Bush está planeando presentar un acuerdo con Chile (el cual viene siendo prometido desde la firma de la NAFTA) dentro de los próximos seis meses, seguido por un acuerdo con los países de América Central. El acuerdo a nivel global de las Américas, que los negociadores han estado preparando durante los últimos siete años, probablemente deberá ser sometido a votación en 2005.

Pero hay que recordar que cada uno de esos tratados deberá ser aprobado por el Congreso. Dependiendo de la dirección que tome la economía norteamericana desde ahora hasta noviembre, el Congreso encargado de la votación podría ser elegido en medio de una oleada de fastidio de los votantes con la clase empresarial (los mismos líderes empresariales que serían los principales aliados del Área de Libre Comercio de las Américas). "Es una lucha", dice Myles Frechette, un defensor del libre comercio que fue embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997 y que ahora es presidente y CEO del Consejo de las Américas, cuya junta directiva está conformada por pesos pesados del mundo empresarial que realizan negocios en la región. "No tiene sentido ponerse pesimista y es tonto ser ridículamente optimista".

El principal argumento en favor de la expansión del libre comercio es sencillo: entre más clientes haya a los cuales Estados Unidos pueda venderle sus mercancías, mejor será el desempeño de su propia economía.

"En su calidad de economía más innovadora", escribió en el Wall Street Journal antes de la votación sobre el fast-track Jeffrey Sachs, economista y actual director del Instituto de la Tierra, de la Universidad de Columbia, "la economía de Estados Unidos está destinada a beneficiarse enormemente de la ampliación del mercado. La innovación requiere desembolsos anticipados importantes en investigación y desarrollo, los cuales son recuperados a través de las ventas subsiguientes. A mayor tamaño del mercado, mayor será la capacidad de lograr rendimientos sobre la investigación y el desarrollo iniciales y, por consiguiente, a mayores gastos habrá mayor crecimiento".

Sachs tiene una enorme influencia en el mundo de la alta economía y de la política pública; pero por fuera de los círculos de la élite, es desconocido. El trabajo fuerte que se requiere para persuadir a los electores de que respalden a los políticos que deberán votar por los acuerdos de comercio, recaerá en la comunidad empresarial.

Pero el mejor mensaje del mundo resulta inútil si la gente no confía en el mensajero. Durante los últimos seis meses el término "CEO" se ha convertido en sinónimo de "mentiroso" en el mejor de los casos y de "criminal" en el peor. Cada día parece traer malas noticias adicionales que van desde despidos masivos en las mayores empresas de Estados Unidos, hasta inexactitudes en estados financieros por valores superiores a los mil millones de dólares. Además, las expectativas pensionales de los norteamericanos se han venido evaporando en medio de la baja del mercado de valores.

La responsabilidad empresarial (o, más bien, la irresponsabilidad) se ha convertido en el tema central en las elecciones a la Cámara de Representantes que se disputarán en noviembre. Para mediados de agosto, los candidatos habían gastado cerca de siete millones de dólares en anuncios de televisión centrados en los escándalos empresariales del presente año, según estimaciones hechas por Evan Tracey, presidente de Campaign Media Analysis Group de Arlington, Virginia, luego de estudiar con detenimiento la publicidad política televisada en los 75 mayores mercados de medios del país.

Las grandes corporaciones, como institución, son siempre un blanco conveniente y fácil. La diferencia este año consiste en la extensión del descontento y la cólera, y en el hecho de que los acuerdos de comercio se están convirtiendo en un blanco para los políticos. "Ya estaba abierta la puerta para que se utilizara el comercio internacional como arma este año", dice Tracey. "Pero con los escándalos empresariales en las primeras páginas de los diarios, he presenciado un aumento en el uso del NAFTA como munición. Podría retroceder al año 2000, cuando sólo registré a una docena de candidatos que mencionaron el NAFTA. A estas alturas del año, ya se acercan a las dos docenas. En cualquier estado en el cual se hayan perdido empleos a favor de Canadá o México, ya es un tema que aporta dividendos".

La fuerza del lobby

El lobby favorable al libre comercio está plenamente consciente del estado de ánimo creado en el público por los escándalos empresariales. "La gente está furiosa con eso, la gente común y corriente, la gente influyente, todos", dice Gerald O. Driscoll, experto en comercio internacional de la Heritage Foundation, un prestigioso centro de estudios del Partido Republicano. Pero él argumenta que esa ira está dirigida en contra de los ejecutivos deshonestos y no de las empresas en general. "La gente ha invertido en el sistema norteamericano", dice. "No pienso que tengan éxito los intentos de hacer crítica populista contra el sistema".

Sin embargo, a medida que los ingresos de los norteamericanos se erosionan con la caída de los precios de las acciones que poseen, o que se encogen de manera aún más dramática cuando pierden sus empleos, es posible que estén más dispuestos a percibir los acuerdos de comercio como una herramienta de las empresas para enriquecerse mucho más mientras la gente común y corriente pierde todo lo que tiene.

Entre los argumentos en contra de NAFTA que comienzan a utilizar los grupos de presión del mundo laboral y sindical, y sus aliados, está la existencia de un procedimiento de audiencia secreta mediante el cual las empresas privadas pueden tratar de desmontar radicalmente los subsidios gubernamentales que estén recibiendo sus competidores. Por ejemplo, United Parcel Service está atacando los subsidios que le brinda el gobierno canadiense al sistema postal de dicho país.

Sin embargo, las fuerzas contrarias al ALCA están planeando guardar sus argumentos convencionales de que el acuerdo propuesto no protege los derechos de los trabajadores en países que esperan atraer empresas con salarios mucho menores que aquellos vigentes en Estados Unidos y Canadá. "No le tenemos fobia a la globalización", añade Drake, la analista de AFL-CIO.

Brigitte Wynn, una de las principales impulsadoras del fast-track por el sector empresarial, deja escapar una risita cuando se le repite esa aseveración. "Pienso que ellos están trabajando tan fuerte como en el pasado para derrotar cualquier medida favorable al comercio", dice. Wynn es directora de política comercial internacional de Business Roundtable, uno de los mayores grupos de presión empresarial de Washington. Para impulsar el fast-track, Business Roundtable trabajó con una coalición de cerca de 300 empresas y asociaciones de comercio, cuyas actividades iban desde reunirse personalmente con miembros del Congreso hasta financiar campañas publicitarias en los distritos electorales de origen de los legisladores.

Los miembros de los lobbys partidarios del libre comercio están planeando utilizar a su favor la mala situación de la economía, argumentando que la expansión de los mercados para los productos norteamericanos conduce a la creación de más empleos en Estados Unidos y a la consolidación de los ya existentes.

"Cuando los miembros del Congreso tienen que estudiar un acuerdo de comercio específico, uno moviliza primero al electorado de su distrito; a la gente que tiene interés en la aprobación del acuerdo", dijo el año pasado ante un auditorio lleno del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Charlene Barshefsky, quien fue representante comercial del gobierno Clinton. Otros impulsadores del ALCA ya están planeando reclutar gobernadores para la pelea.

Sin embargo, los defensores del libre comercio no pueden controlar el entorno en el cual tendrá lugar la pelea sobre las nuevas estructuras comerciales. Si las economías que se hallan a ambos lados del Río Grande/Río Bravo siguen en descenso, los líderes empresariales y sus aliados políticos van a tener que luchar con mucho más ahínco para convencer a la gente que esta vez sí cuentan con un instrumento para aumentar el bienestar del común.